La defensa legal de la exjefa del gabinete ministerial, Betssy Chávez, solicitó al presidente José Balcázar la emisión de un salvoconducto para permitir su salida del país con destino a México, nación que le otorgó asilo político, tras sufrir una emergencia médica el pasado 8 de julio debido al agravamiento de las enfermedades que padece. El abogado Raúl Noblecilla sustentó el pedido presentado el 9 de julio ante el Despacho Presidencial, advirtiendo que la falta de este permiso impide que su patrocinada acceda a atención médica especializada y convierte la protección diplomática en un "confinamiento material" que compromete su salud e integridad.
El letrado sostuvo que cualquier traslado a una clínica fuera de la residencia diplomática en San Isidro implicaría para Chávez un riesgo inmediato de captura, ya que enfrenta una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Noblecilla calificó la medida como un "acto de humanidad, legalidad y responsabilidad histórica", y vinculó el pedido con la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre Perú y México, rotas desde noviembre pasado tras el asilo otorgado a la ex primera ministra.
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