Un escándalo sacude al Colegio de Arquitectos del Perú en Arequipa. La asociación Actuemos Perú presentó una denuncia formal contra el arquitecto Mario José Torres Pérez, acusándolo de actuar como "juez y parte" al calificar el polémico proyecto inmobiliario ALFERZA en la calle Beaterio, ubicado en plena Zona de Amortiguamiento del Centro Histórico protegido por la UNESCO. Según el documento, el estudio histórico que sustentó el proyecto fue elaborado por el propio Torres y presentado bajo la firma de una empresa de su esposa e hija, sin que el arquitecto se inhibiera de calificarlo. La Fiscalía de Prevención del Delito y la Defensoría del Pueblo ya advirtieron irregularidades y un posible conflicto de intereses en el caso.
Lo más grave, según la denuncia, es que el Comité Regional de Ética del CAP Arequipa lleva casi dos años sin resolver el caso. La primera denuncia se presentó en julio de 2024 y una segunda, individualizada, en abril de 2025, pero ambas fueron rechazadas o quedaron sin respuesta bajo argumentos procedimentales. Actuemos Perú sostiene que esta demora "configura un mecanismo de protección corporativa entre pares", comparándolo incluso con la inacción de la Comisión de Ética del Congreso. Mientras tanto, el arquitecto cuestionado se postula como candidato al Decanato del CAP Regional Arequipa.
El expediente no es un caso aislado. La denuncia vincula a Torres con la aprobación de otras intervenciones en inmuebles patrimoniales de Arequipa, entre ellas la demolición de casonas en San Juan de Dios, la modificación de la casona de la Policía de Turismo y la pérdida de la casona renacentista de la calle Rivero N° 210. Estas pérdidas fueron denunciadas públicamente en 2023 por más de siete instituciones civiles, entre ellas ADEGOPA y el Patronato del Centro Histórico. Ahora se suma un nuevo proyecto comercial en La Recoleta con Puente Grau, que según los denunciantes repite el mismo patrón de afectación al patrimonio protegido.
La situación tiene además un trasfondo económico que preocupa a los arequipeños. La inmobiliaria Alferza demandó a la Municipalidad Provincial de Arequipa por 32 millones de soles luego de que esta rechazara autorizar la construcción del proyecto en disputa. Las organizaciones ciudadanas han salido en respaldo de la comuna provincial, calificando la resistencia municipal como una defensa legítima del patrimonio histórico de la Ciudad Blanca. El monto de la demanda ha generado indignación entre quienes ven en riesgo tanto el patrimonio cultural como los recursos públicos.
Actuemos Perú exige ahora que las instancias nacionales del Colegio de Arquitectos se pronuncien antes del proceso electoral o que Torres Pérez sea inhabilitado como candidato. La organización insiste en que la demora en resolver el caso termina, en los hechos, favoreciendo a quien habría vulnerado las normas éticas de la profesión. El caso ya cuenta con resoluciones de la Fiscalía Ambiental y la Defensoría del Pueblo que respaldan parte de las acusaciones.
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