El diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, desató una fuerte controversia al usar sus facultades de fiscalización para intervenir en la evaluación de un aborto terapéutico realizado en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay. A través del Oficio N.° 0055-2026-2027/CAV-CD-CR, exigió al personal médico entregar diagnósticos, exámenes, historia clínica completa y datos de la junta médica, bajo advertencia de posibles sanciones administrativas y fiscales. Lo más grave: la identidad de la paciente apareció inicialmente en el documento que él mismo difundió en redes sociales.
El parlamentario aseguró haber recibido una denuncia, pero hasta el momento no ha mostrado ninguna prueba de que el hospital haya actuado fuera de la ley. El aborto terapéutico no es un procedimiento clandestino: está permitido en el Perú desde 1924 y regulado por el artículo 119 del Código Penal, que lo autoriza cuando es indispensable para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave a su salud. El Ministerio de Salud incluso cuenta con una guía técnica actualizada en 2025 para su aplicación.
La organización Las Tejedoras salió al frente y calificó la actuación del congresista como una “intromisión política” en un derecho reconocido por el Estado. Aunque el nombre de la paciente fue retirado posteriormente del oficio, la agrupación advirtió que la exposición inicial ya generó un riesgo real para una mujer en situación vulnerable. Especialistas señalan además que difundir el hospital, el procedimiento y el tiempo de gestación facilita su identificación en su propio entorno.
Tras la ola de críticas, Aranda afirmó que no buscaba acceder a información confidencial ni interferir en la decisión médica, una versión que contrasta con su propio oficio, donde exigió documentación clínica individualizada. El congresista deberá explicar qué presunta irregularidad detectó y quién le entregó datos sobre la paciente. Mientras tanto, el caso queda marcado como un enfrentamiento entre la fiscalización parlamentaria y la autonomía médica en el Perú.
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